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En un procedimiento de investigación de la Fiscalía de Mainz, tres responsables de empresas en el aeropuerto de Hahn, uno de los mayores centros de carga aérea en Alemania, han sido condenados por malversación. Las investigaciones, que se completaron en agosto de 2025, llevaron a órdenes de pena firmes contra los tres acusados. Se les acusa de haber violado sus obligaciones de cuidado de los activos y de haber causado a la empresa daños patrimoniales por un total de 73.000 EUR.
Los condenados aceptaron y contabilizaron facturas de entrada, a pesar de saber que estas facturas no estaban respaldadas por servicios reales. Además, se les acusa de no haber aprovechado la oportunidad de reducir los gastos operativos en 108.000 EUR. Dos de los condenados también retiraron ingresos de la gestión de aparcamiento por un total de 294.000 EUR y asumieron obligaciones de alquiler por un monto de 322.000 EUR, a pesar de que el objeto alquilado no era necesario. Estos beneficios financieros los utilizaron para otras empresas en el aeropuerto de Hahn, así como para fines personales.
Fraude de subvenciones y retraso en la declaración de insolvencia
Las acciones de malversación también llevaron a un fraude de subvenciones en detrimento del estado de Renania-Palatinado. A través de la contabilización ficticia de gastos operativos y el alquiler de un objeto no necesario, se solicitó y pagó indebidamente una subvención de 186.000 EUR. Otro responsable fue condenado por retraso en la declaración de insolvencia, ya que no presentó a tiempo la solicitud de insolvencia para una de las empresas. Además, se le acusa de no haber finalizado los estados financieros de la empresa insolvente dentro del plazo.
Un cuarto acusado también está bajo sospecha de no haber presentado solicitudes de insolvencia a tiempo. El procedimiento de investigación en su contra se cerró en noviembre de 2025, tras el pago de una multa. Además, las investigaciones también se dirigieron contra otro responsable y dos socios comerciales, pero el procedimiento fue cerrado en su contra, ya que no existía sospecha de delito.
Las consecuencias legales de estos delitos son significativas. La malversación puede ser castigada con una multa o una pena de prisión de hasta cinco años. El fraude de subvenciones y el retraso en la declaración de insolvencia también son delitos y pueden llevar a penas similares. La Fiscalía ha aprovechado en este caso la posibilidad de solicitar órdenes de pena sin juicio principal, lo que permite una aclaración legal más rápida.
